El gobierno decidió retocar la legislación tras el fracaso
en las negociaciones entre empresarios, gremios y AR
El gobierno nacional tiene a la firma nueve decretos a través de los cuales pretende zanjar los baches que tiene el sistema de riesgos del trabajo en la Argentina —que se profundizaron en la pos devaluación— y tras la imposibilidad de alcanzar un consenso pleno para una nueva ley que regule la actividad.
La movida oficial, piloteada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, apunta esencialmente a bajar el alto grado de tensión entre las partes. Por un lado, para calmar el ánimo de los empresarios — que se quejan por el aumento de la litigiosidad por la vía judicial tras las puertas que habilitó la Corte Suprema de Justicia con sucesivos fallos (doble vía)— y por otro, el de las centrales sindicales (CGT y CTA) que cuestionan la desactualización que experimentaron el los últimos años los topes indemnizatorios y reclaman se amplíe la grilla de enfermedades profesionales.
Sin embargo, el camino del decreto muestra claramente que la salida que eligió el Ejecutivo opera más como un atajo que como una salida definitiva al problema de fondo y expresa además, la falta de acuerdos entre todos los actores que intervienen en la actividad (gremios, empresas y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo - ART), que tras este reacomodamiento de piezas vuelven a sacar a la luz las diferencias que los enfrentan.
Aún así, el gobierno tomó la posta e instruyó a Tomada para ponerse al frente del problema en un contexto en el cual la tensión se profundizó. El titular de Trabajo le acercó a la Unión Industrial Argentina (UIA), a la CGT y la CTA y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), una propuesta preliminar con el borrador de los decretos para que las partes en disputa analicen la iniciativa. Los puntos centrales de las modificaciones previstas para la actual ley (24.557) son el incremento de los topes indemnizatorios (que puntualmente se triplicarían y pasarían de 180 mil pesos a 540 mil pesos), la ampliación del listado de enfermedades profesionales (donde se incluirían afecciones como lumbalgias o várices) y la bancarización del pago de las incapacidaes anuales temporarias, entre otros aspectos.
Más allá de la intención de descomprimir, el proyecto deja sin respuestas a los tres puntos clave de disenso entre gremios y empresarios: el encuadre de los accidentes in itinere (en tránsito hacia el trabajo); los comités mixtos de higiene y seguridad laboral; y el reclamo civil.
Pero además, desató nuevas críticas entre las partes y generó enfrentamientos al interior del sector empresario, concretamente a los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) con las compañías gerenciadoras del sistema (ART). "Los topes indemnizatorios no se aumentaron en seis años y en ese lapso la industria incrementó más de 500 por ciento los salarios y las ART cobran un porcentaje sobre los sueldos, con lo cual se embolsaron una ganancia tremenda y los trabajadores no recibieron ningún incremento mientras nosotros seguimos pagando", cuestionó el vicepresidente de la UIA, el santafesino Guillermo Moretti y mostró así uno de los principales cortocircuitos entre empresarios y ART.
UIA vs ART
En rigor, el sector empresario volvió a cuestionar la inviabilidad de la doble vía, es decir la posibilidad que habilitó la Corte con el fallo Aquino a través de la cual el trabajador puede accionar administrativa y judicialmente ante un reclamo por accidente de trabajo. Pero también arremetió contra los nuevos costos que les generarán las propuestas contenidas en los decretos que prevé sacar el Ejecutivo.
Aunque las aseguradoras buscan posicionarse como espectadores de una película que involucra a empresarios, gremios y Estado, en la discusión quedaron en el foco de los cuestionamientos por parte de los empresarios que encuentran en la suba de costos un nuevo impedimiento para la superviviencia de las pymes. Actualmente los empresarios aportan un 2,6% sobr el monto del salario al sistema de ART, con lo cual sobre un sueldo de 2.000 pesos representa un costo de 52 pesos. Para los directivos de la Unión de ART (Uart), la ecuación es simple. "Un cambio que triplique los topes no se puede aplicar sin un aumento correlativo de alícuota, es imposible en cualquier negocio", dijo Ricardo Aide, de la mesa ejecutiva de Uart.
Argumentan además que las ART no tienen la autoridad para cambiar los topes indemnizatorios, con lo cual, el atraso en ese sentido es un tema que los excede y sólo compete al comité consultivo conformado por gobierno, trabajadores y empresarios.
"Es una falacia considerar que cobramos mucho", dijo Aide y remitió a las estadísticas de los reclamos vía judicial, el principal dolor de cabeza para empresarios y ART. Según datos de la Uart, este año ingresarán 43.135 demandas judiciales y al primer semestre de este año ya se contabilizan 16.672, 59% más que para el mismo período del año pasado.
Por otra parte, Aide apuntó que entre 2006 y 2009 el sistema pagó 1.132 millones de pesos en reclamos judiciales y 1.000 millones en prestaciones dinerarias, "porque al aumentar los sueldos también aumentan las prestaciones de las ART", argumentó el también gerente de La Segunda ART.
De todos modos, para la Uart, los cambios propuestos no una solución. "Tenemos serias dudas si no se hace cirugía total", dijo Aide en referencia a la necesidad de contar con una nueva ley, aunque dan por hecho que los cambios vendrán en los próximos días vía decretos.
En ese punto aúnan reclamos con los empresarios esencialmente en la necesidad de que el sistema requiere para su superviviencia contar con costos fijos (o al menos dimensionables) para determinadas prestaciones y por tanto, ponen en la mira a la figura del cúmulo, fijado en el fallo Aquino y a través del cual las indemnizaciones de las ART se toman a cuenta de lo que dije la Justicia. "El aumento de indemnizaciones significará un aumento de los pisos de los reclamos judiciales, por eso tenemos ciertas dudas (sobre la viabilidad de los decretos) y creemos que el Estado tiene que resolver con una nueva ley la controversia que se plantea por la famosa opción civil o el cúmulo", precisó Aide, porque "atenta contra la gran fortaleza que tuvo el sistema que es la previsibilidad", señaló.
Intereses encontrados
Entre todos los sectores involucrados hay una clara coincidencia: la actual ley de RT es inviable, pero las razones de este fracaso es el eje de las diferencias, que no son otra cosa que enfrentamientos de intereses que expresan en otro plano una nueva puja distributiva. "Es difícil compatibilizar el lucro con la seguridad social", resumió el diputado del FPV y asesor de la CGT, Héctor Recalde, autor de dos proyectos que hoy están paralizados en el Congreso para la reforma de la ley de RT.
"Hay que lograr que la seguridad le gane al lucro y esto es muy difícil, por eso la resistencia de la UIA", argumenta el legislador, partidario de elevar los topes indemnizatorios como fórmula para bajar los juicios.
"A un trabajador con la tarifa actual que tiene topes establecidos con anterioridad a la devaluación, con 40 años de edad y salario base de 2.000 pesos, por trabajar en un balancín sin protector se corta varios dedos de la mano y queda con un 30% de incapacidad, le corresponden casi 20 mil dólares, mientras que en Estados Unidos la fábrica Mitsubishi por acoso sexual a una empleada pagó 300 mil dólares", ejemplificó Recalde y agregó: "Al menos debemos actualizar las tarifas porque los empresarios se quejan de los juicios, pero cómo no los va a haber con los montos que se pagan y si prácticamente no existen las enfermedades profesionales".
Justamente estos dos puntos son los ejes centrales de la normativa que el gobierno buscará imponer en las próximas semanas. Quedarán en el tintero definiciones concretas sobre los accidentes in itinere, sobre los cuales los sindicatos pretenden sean incluidos como parte del sistema y los empresarios resisten, argumentando que la seguridad social o los responsables privados deben hacerse cargo de cuestiones que los exceden en una sociedad donde son moneda corriente los accidentes de tránsito y los problemas derivados de la inseguridad.
También quedará pendiente una definición clara sobre el rol de los comités mixtos de seguridad e higiene laboral, resistido por la UIA desde su planteo inicial e insistentemente reclamado por los gremios. "En el país y aquí en Santa Fe hay una resistencia muy grande a que el trabajador participe en los comités mixtos y me pregunto, cómo no va a participar si es el que tiene la experiencia de su lugar de trabajo y sabe qué riesgos entraña", cuestionó Recalde. "Los empresarios argumentan costo laboral pero es un desprecio a la dignidad del ser humano trabajador", dijo.
Y en un contexto de intereses poco compatibles, quedan aún muchas menos chances para encontrar una salida definitiva al enfrentamiento por la doble vía (civil y administrativa). Los sindicatos insisten con la figura del cúmulo y los empresarios reclaman que se aplique el mecanismo de opción excluyente —una iniciativa que hace años viene barajando Tomada— a través de la cual el trabajador deberá optar por la vía administrativa o la judicial, pero no por las dos.
"El trabajador quiere que la doble vía sea inclusiva, el trabajador excluyente, allí tenemos el principal punto de conflicto", sinceró el titular del bloque oficialista en Diputados, Agustín Rossi, para quien con la fijación de nuevos topes indemnizatorios, desde el gobierno se busca "aflojar la tensión" para poder avanzar en la definición de una ley que conforme a todos. Tarea por ahora, cuanto menos poco probable.
Fuente: La Capital
