En la reunión que mantuvieron el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con la Unión Industrial Argentina (UIA) anticiparon que la discusión de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo será el próximo tema que se abordará en material laboral. De inmediato, Jorge Aimaretti, el titular de la Unión de ART, explicó que el anuncio “renueva nuestro optimismo respecto de la posibilidad de avanzar con una nueva Ley”.▼
La modificación del sistema actual es un fuerte reclamo de los empresarios, ya que gran parte de la ley fue declarada inconstitucional por parte de la Corte Suprema, en especial el que prohíbe a los trabajadores recurrir a la Justicia para obtener una “reparación integral”, bastante superior a la que fija el sistema.
En el Gobierno admiten que algunos cambios podrían realizarse por decreto -como la suba de las indemnizaciones y la ampliación del listado de enfermedades profesionales- y otros obligatoriamente deben pasar por el Congreso.
Con relación a las indemnizaciones, hay coincidencia en subirlas. Pero con una diferencia de fondo. El sector empresario admite subir el actual tope de $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad que se mantiene en los mismos valores desde hace 9 años. En tanto, la CGT plantea eliminar el tope y fijar un piso de $ 250.000.
Los trabajadores que se accidentan actualmente, cobran una indemnización aún más reducida que la que fija el sistema porque quedan alcanzados por el bajo nivel del tope.
Aunque nadie quiere arriesgar números, en el Gobierno dicen que “la idea es que el sistema pague una suma que no sea muy diferente a la que está reconociendo la Justicia, para disuadir que los trabajadores inicien los juicios”. A su vez, existe consenso en incluir en el listado de enfermedades profesionales algunas patologías ya admitidas por la Justicia.
En el resto de los puntos las diferencias son también marcadas. La CGT plantea que las indemnizaciones del sistema se tomen a cuenta de lo que determine la Justicia. Los empresarios se inclinan por la opción excluyente, o sea, el trabajador debe elegir entre cobrar lo que fija el sistema o recurrir a la Justicia, pero con limitaciones y bajo la jurisdicción federal. En ambas variantes, eso implica que los empleadores puedan contratar un seguro de responsabilidad civil por la diferencia entre las indemnizaciones del sistema y lo que puede determinar la Justicia.
Los empresarios quieren garantías que, en promedio, el costo del seguro no superará el 3% de los salarios, incluida la responsabilidad civil. Hoy la cuota promedio ronda del 2,2% de los salarios. También hay diferencias sobre la constitución de comités mixtos.
Fuente: clarín.com
